La lucha de Azul Rojas por justicia en Perú

El 25 de febrero de 2008 es una fecha que Azul Rojas Marín jamás olvidará. En su trayecto a casa por una carretera local en Casa Grande, en la región de La Libertad, Perú, un grupo de policías la interceptó, la subieron a la fuerza a un vehículo policial y la llevaron a una comisaría, donde sufrió abusos y torturas. Esta experiencia marcó el comienzo de un largo proceso legal que ha durado 17 años, tanto dentro como fuera del país.

Una batalla legal sin precedentes

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó reabrir el caso de Azul, que previamente había sido archivado. Esta decisión fue significativa, pues fue la primera vez que se responsabilizaba al estado peruano por violación de derechos y tortura contra una víctima de la comunidad LGBTI. Recientemente, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de Perú dictó una condena de 17 años de prisión a tres policías por tortura agravada y abuso sexual. Sin embargo, Azul siente que esta victoria no es completa, ya que los condenados siguen libres gracias a la inacción del Estado. “La sentencia no es una reparación concreta”, lamenta.

Un pasado doloroso

Cuando ocurrió el ataque, Azul era un joven homosexual de 27 años que trabajaba en la granja familiar en la comunidad de Lache. Al ser abordado por la policía, fue llevado a la comisaría, donde sufrió abusos físicos y psicológicos. “Me golpearon mientras me llamaban con insultos y comentarios despectivos por mi orientación sexual”, recuerda. Uno de los agentes le exigía información sobre su hermano, quien era acusado de homicidio, y le infligieron heridas severas.

Después de salir de la comisaría, Azul se encontraba en estado de shock y trató de contarle a su madre lo sucedido, aunque no pudo compartir todos los detalles. Al intentar presentar su denuncia, se encontró con un sistema lleno de obstáculos. “A la gente pobre del campo nos ignoran y la justicia nunca llega, y yo, siendo parte de la comunidad LGBTI, sufrí aún más”, explica Azul.

El camino hacia la justicia

A pesar de los obstáculos, Azul encontró apoyo en Promsex, una ONG que la guió hacia instancias internacionales. “Después de contar mi historia a los medios, comenzaron a tomarme en serio”, reconoce. Sin embargo, en 2009, la Fiscalía decidió archivar el caso. Fue un golpe duro, pero Azul no se rindió. La presión internacional finalmente llevó a la reapertura de su caso en 2018.

En 2022, el Estado peruano ofreció disculpas públicas a Azul por el manejo de su situación, pero la reparación económica prometida aún no se ha concretado, y los responsables de sus agresiones continúan libres. Según Azul, ha recibido solo una mínima parte de la compensación y no ha tenido acceso a la atención médica y psicológica pertinente.

Un futuro esperanzador

A pesar de las dificultades y la falta de justicia completa, Azul ha decidido mirar hacia adelante. A sus 44 años, está estudiando Derecho gracias a una beca, con la esperanza de impulsar el cambio y abogar por los derechos de personas como ella. “Sé que tengo que vivir sin rencor”, afirma, recordando que durante años cargó un peso emocional muy grande. “Con odio no se puede ser feliz ni vivir tranquilo”.

Conclusión

La historia de Azul Rojas es un modelo de resistencia y valentía en la lucha por los derechos de las personas LGBTI en Perú. Su batalla por justicia continúa y es un recordatorio de que, a pesar de los retos, el cambio se puede lograr a través de la educación y la perseverancia.

• Azul Rojas fue víctima de tortura y abuso por parte de la policía en 2008.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos reabrió su caso en 2020.
• Tres policías fueron condenados a 17 años de prisión, pero siguen en libertad.
• Azul está estudiando Derecho y aboga por los derechos de la comunidad LGBTI.